En Chile está ocurriendo algo que parece menor, pero redefine cómo entendemos lo público: los alcaldes están comunicando antes que sus municipios.

Son ellos, no la institución, quienes anuncian obras, actividades o beneficios desde sus redes personales, con mejor edición, más frecuencia y mayor alcance que las cuentas oficiales.
No es solo estética: el relato cambia de “la municipalidad hizo” a “yo hice”.

Desde la comunicación, tiene sentido, las personas conectan con personas. Pero desde la institucionalidad surge una pregunta incómoda: ¿cuánto de esa comunicación personal se financia, directa o indirectamente, con recursos públicos?

Revisé 10 comunas y el patrón se repite. En varias, la cuenta personal del alcalde supera por lejos a la institucional. Cuando la autoridad domina el relato, aparece un problema ya regulado, aunque pocos lo sepan.

El dictamen E545210/2024 de la Contraloría es claro: Ninguna autoridad puede entregar información institucional primero en su cuenta personal; lo oficial debe publicarse y archivarse en los canales institucionales; difundir información pública “de manera previa o exclusiva” en redes privadas puede vulnerar el principio de probidad, pues el interés institucional no puede subordinarse a la imagen personal.

En simple, si un alcalde anuncia obras en Instagram antes que el municipio, incumple el dictamen.

Pero la norma no resuelve quién financia la producción, edición y difusión del contenido que se publica en esas cuentas personales, muchas con evidente impacto político.

Mantener un perfil activo no es gratis: fotógrafos, guionistas, música, drones, community managers, pauta segmentada. Entonces, la pregunta vuelve con más fuerza: ¿quién paga al alcalde influencer mientras está en ejercicio? ¿Recursos personales? ¿Municipales? ¿Una mezcla?
Nada de eso se ha transparentado.

No se trata de acusar, sino de ordenar y transparentar cómo se comunica lo público en tiempos de redes personales. Porque las autoridades que comunican bien modernizan la gestión, pero la comunicación pública necesita límites claros. De lo contrario, corremos el riesgo de convertir la gestión municipal en una vitrina personal permanente, financiada por todos.