• 23 de Mayo

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Muchas y merecidas críticas se hacen a nuestros parlamentarios. Desde aquellas que cuestionan la ética y la legitimidad de algunos de ellos en virtud del financiamiento ilegal que recibieron a la hora de sustentar sus respectivas campañas, hasta aquellas que refieren a la simpleza y pobreza de los argumentos que sostienen a la hora de justificar sus votos. En complemento a éstas, hoy evidencio una crítica asociada a la incapacidad que la mayoría de ellos demuestra a la hora de realizar un análisis prospectivo de las leyes que terminan promulgándose. Esto es así, ya que las leyes se aprueban plagadas de vacíos que terminan condicionando la efectividad y el espíritu declarado de la norma.

Uno de los últimos ejemplos se evidenció con el caso de la retención de los dineros asociados al retiro del 10% a los deudores de pensión alimenticia. Esto es así, ya que los legisladores aprobaron que el impago de los alimentos pudiera aminorarse o saldarse, según sea el caso, a partir del potencial retiro de los ahorros previsionales que haga el deudor.

Al respecto, y de manera lógica, la norma estableció que para lograr esto se requiere que la liquidación total de la deuda se sostenga en una sentencia dictada por el Tribunal de Familia, una mediación o un acuerdo aprobado por el tribunal. Sin embargo, la norma no se hizo cargo de aquellos deudores que decidan no retirar sus fondos previsionales, perdiéndose una valiosa oportunidad para corregir esta lamentable e irresponsable actitud.

En ese sentido, y atendiendo a que la alternativa de retención de los fondos previsiones se ajusta a la premisa del bien común y a la priorización de los derechos del niño respecto al derecho de propiedad, no se entiende porque el mismo criterio no se utilizó para expropiar el total de la deuda a todos los deudores, incluyendo a aquellos que decidan no retirar el 10%.

Ante esto, se puede presumir que el oportunismo político que estuvo detrás de la discusión parlamentaria fue el factor inspirador del debate, y no la corrección de un vergonzoso vicio social y que hoy evidencia que en nuestro país hay más de un 80% de demandados por pensión alimenticia que no cumple con su obligación.

 

Pedro Díaz Polanco

Director de la Escuela de Administración Pública

Universidad Austral de Chile