La conservación medioambiental en manos de privados ha jugado un importante rol subsidiario en nuestro país. En 1997 se identificaron 39 iniciativas de preservación en un total de 450 mil hectáreas, y en 2013 dichas iniciativas crecieron a 310, abarcando 1.669.151 hectáreas. Si bien no existen datos oficiales más recientes, este último sondeo da cuenta del relevante crecimiento que ha tenido en el tiempo.

En cuanto a las áreas protegidas privadas, se ha demostrado que un modelo eficiente y eficaz para democratizar la conservación es el de los parques rurales de conservación impulsados por Biosfera Austral y Geute conservación sur, los que existen gracias a la voluntad de miles de personas alrededor del mundo que, de manera particular, se acogen a un formato amparado por ley, donde el resguardo de espacios naturales que les pertenecen es total, dejándolos asegurados para su conservación, en muchos casos a perpetuidad, y monitoreados por un tercero que actúa como garante y fiscalizador. Así, el dueño mantiene su derecho de propiedad, pero bajo “nuevas reglas”, en las cuales la protección del patrimonio ambiental se impone al concepto más tradicional de propiedad privada.

De esta manera, este modelo ya no es solo de élite, ni se necesitan grandes sumas de dinero o inversión como era antes, cuando el interesado en promover la conservación de tierras tenía que hacer por sí solo el diseño e implementación. Ahora se invita a más personas a ser parte, porque para hacer de la conservación algo masivo, tiene que ser asequible, y eso es lo que busca principalmente este modelo.

Esta tendencia, inspirada en el modelo Land Trust de Estados Unidos, e impulsado en diferentes lugares del mundo, lleva años teniendo presencia en Chile con iniciativas lideradas por diversas organizaciones, junto a privados que han hecho posible su desarrollo a lo largo del país.

Así, en países como Australia, Brasil, Costa Rica y Sudáfrica, las áreas protegidas privadas son parte importante de las estrategias nacionales de conservación, pues se reconoce en ellas el rol que tienen para suplir algunas de las deficiencias que tienen los sistemas públicos: la escasa representatividad de ecosistemas bajo protección y la falta de conectividad ecológica que existe entre las áreas protegidas.

En Chile, el 80% de la biodiversidad se encuentra fuera del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). Además, estas áreas protegidas se concentran en tres regiones de la macrozona sur del país, Los Lagos, Aysén y Magallanes, con una escasa representatividad en los demás ecosistemas, donde actúan solo como pequeñas “islas de protección”, sin estar conectadas entre sí e insertas en territorios degradados o en degradación de sus ecosistemas.

Por lo mismo, los parques rurales de conservación pueden llenar importantes vacíos en las políticas nacionales en cuanto a la cobertura geográfica y la velocidad de respuesta a los urgentes desafíos por preservar los ecosistemas.

Sin embargo, el principal desafío para continuar con el desarrollo de los parques de conservación está en que la conservación privada tenga un claro espacio en la ley y que se generen incentivos para su implementación. El futuro rural de nuestro país, un legado para las futuras generaciones.