La Municipalidad de Puerto Varas informó de las acciones legales que ha iniciado con el fin de resguardar el patrimonio municipal, respecto de situación de deudas impagas de un contribuyente y cobros irregulares por parte de un proveedor que prestó servicios en la comuna.

La situación fue dada a conocer en el Concejo Municipal llevado a cabo en la mañana de ayer, donde el asesor jurídico del municipio, Ricardo Trincado, explicó tres casos que gestiona la casa edilicia para recuperar fondos adeudados.

El primer caso corresponde al antiguo concesionario de estacionamientos de Puerto Varas, la empresa SERVIEST SpA., que no pagó los derechos de la concesión de estacionamientos controlados en la comuna, por lo que se está gestionando el cobro de la boleta de garantía que asciende al monto de 3.900 UF. y que responde a las condiciones establecidas en el contrato vigente a la época.

El segundo, tiene que ver con la empresa Agronegocios SpA, en contra de la cual la Municipalidad interpuso una demanda ejecutiva por deudas derivadas de la patente comercial correspondientes a los periodos comprendidos entre el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2022. La deuda alcanza más de $1.186 millones de pesos, incluyendo reajustes e intereses, y como parte del proceso judicial se solicitó el embargo de bienes de la empresa deudora. La causa está en la Corte Suprema, tribunal al cual apeló Agronegocios SpA.

El tercer caso se trata, según señala el municipio, del cobro indebido de una factura por parte de la empresa Hidrosym Ltda.. Explicó el asesor jurídico, Ricardo Trincado, en la sesión de concejo municipal nº 33 que “la situación se arrastra desde el año 2023. La empresa prestaba servicio de mantención de áreas verdes, en base a un contrato licitado el año 2018 con duración hasta el 2022. Sin embargo, a fines del año 2022 se otorga una prórroga del contrato, aprobada por el Concejo Municipal de la época, que extiende el plazo del contrato. Plazo no monto, es decir la empresa nos tenía que seguir cobrando lo mismo por el período de tiempo. Se desarrolla la relación contractual y, en el último estado de pago, es decir, el último cobro que va a hacer la empresa, la empresa hace el cobro regular del mes y, entre medio de los papeles, escondida, estaba una factura adicional. Esa factura adicional era por más de $600 millones y representaba en su glosa, por ampliación de los servicios en todo el período contractual, es decir, desde el 2018 al 2023. Identificada esa factura por la Dirección de Medioambiente, se comunica con el Departamento de Asesoría jurídica y procedemos a hacer el rechazo de la factura de forma material, física. La ley de facturación permite tanto una facturación física como una facturación electrónica. El tema con la facturación electrónica es que esa factura se remite a través del SII y la persona que recibe esa factura tiene un plazo de ocho días para rechazarla. Si no se rechaza en ese plazo la factura se entiende inobjetablemente aceptada. Lo que ocurrió es que ellos enviaron la factura en físico, como acostumbrábamos durante todo el periodo contractual, pasado el plazo de los ochos días para poder hacer el rechazo en el SII y, con posterioridad, pese a que nosotros hicimos ese rechazo material de la factura, la empresa demanda en juicio ejecutivo. Ese juicio ejecutivo se prolongó hasta ahora y nosotros como municipalidad hemos estado poniendo las defensas para no tener que pagar la factura y, finalmente, se agotaron las vías que teníamos dentro de ese juicio ejecutivo y tenemos que pagar esa factura y los intereses que ha ido acumulando desde el período que se presentó”.

En resumen, ante la orden de pago del Juzgado de Letras de Puerto Varas el municipio tuvo que desembolsar cerca de $900 millones ($600 millones más intereses), y presentó una acción destinada a declarar el enriquecimiento ilícito y solicitando la retención de fondos con el objetivo de revertir dicho perjuicio patrimonial. De manera complementaria, se está llevando a cabo un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades internas y reforzar los controles internos.

El alcalde Tomás Gárate señaló que “como administración tenemos la responsabilidad de proteger cada peso que pertenece a la comunidad de Puerto Varas. Frente a intentos de cobros irregulares, deudas impagas o debilidades en los procesos internos, hemos actuado con total firmeza y transparencia, utilizando todas las herramientas legales disponibles para recuperar los recursos municipales y evitar cualquier perjuicio económico. Nuestro compromiso es claro: no vamos a permitir abusos ni irregularidades con el dinero público”.