Este proyecto, que tuvo inicio a mediados del año 2023, tiene como objetivo primordial garantizar la seguridad hídrica de manera equitativa para fomentar el desarrollo humano y productivo sostenible en la región.

La primera fase de este proceso implicó un detallado trabajo de análisis y recolección de información en colaboración con la comunidad. A través de diálogos ciudadanos y metodologías participativas, se llevó a cabo un registro exhaustivo de las realidades de las 30 comunas que conforman la región.

Los Consejeros Regionales fueron los encargados de conocer las principales conclusiones de esta política, las cuales destacaron los desafíos que enfrenta la seguridad hídrica en aspectos como la población, los ecosistemas y las actividades productivas.

Francisco Reyes, presidente de la comisión de medioambiente del Core y consejero por la provincia de Osorno, resaltó la importancia de vincular el Fondo Comunidad a las necesidades básicas de la comunidad, especialmente en relación al agua. Propuso la creación de una línea específica del Fondo Comunidad para proyectos relacionados con el abastecimiento de agua, como el almacenamiento de agua de lluvia, y abogó por un programa de participación y capacitación para los Servicios Sanitarios Rurales, “ha sido una presentación muy fructífera porque coincide con lo que hemos venido planteando en los últimos años de ligar el Fondo Comunidad a las necesidades básicas y las problemáticas comunes de la comunidad, por ejemplo, en torno al agua. Podemos generar una línea distinta del Fondo Comunidad para que la gente postule precisamente a herramientas que abastezcan agua, por ejemplo, del agua lluvia, de almacenamiento de agua, y por otro lado generar un programa de participación, de capacitación para los APR, los nuevos servicios sanitarios rurales. El hecho de que existan casi 187.000 personas que se abastecen de agua mediante los servicios sanitarios rurales y que esa cobertura no llegue al 100% o que 145.000 se abastecen solo a través de fuentes propias, es un tema que hay que abordar en la región de los lagos con absoluta urgencia”.

El consejero Cristian Vargas, representante de la provincia de Llanquihue, reconoció la relevancia de plasmar estas conclusiones en una hoja de ruta que permita abordar de manera prioritaria el desarrollo del tema tanto para las autoridades como para las organizaciones. Destacó el esfuerzo realizado en los últimos seis a ocho meses, subrayando que este trabajo proporcionará una guía fundamental para enfrentar los desafíos en el área del agua potable rural, “ en seis meses, ocho meses, hicieron un trabajo muy importante, lo que nos va a dar una hoja de ruta para poder trabajar más adelante, en un tema que es sumamente complejo de abordar, en el cual hemos tenido un retraso acá en la región en este año, porque no había pocos proyectos de APR, hay una queja constante de parte de las comunidades que no se avanza en el tema del agua potable rural, y esto nos va a poder permitir en el futuro poder visualizar qué es lo que tenemos que hacer, dónde hacerlo y cómo hacerlo. Entonces, es un tremendo aporte para la región y ojalá podamos aprobarlo en el pleno de febrero y avanzar obviamente en el desarrollo rural y el tema del agua potable, que es sumamente importante”.

En cuanto a los resultados del estudio, se determinó que, de los 902 mil habitantes de la región, aproximadamente 570 mil personas en áreas urbanas están conectadas al servicio de agua potable, mientras que 332 mil habitantes en zonas rurales se abastecen de manera individual o a través de sistemas de APR, con un 45% concentrado en la provincia de Llanquihue. Estos datos resaltan la diversidad de las necesidades hídricas en la región y proporcionan una base crucial para la implementación de medidas específicas y efectivas.