La reciente destitución del Alcalde de Puerto Montt, por "notable abandono de deberes y faltas a la probidad administrativa", se suma a las prácticas corruptas instaladas desde hace un tiempo en diversas alcaldías del país que, como es de público conocimiento, han ignorado -cuando no despreciado- los mecanismos de control y fiscalización de un estado democrático, naturalizado el uso y abuso indebido de los recursos públicos en su propio beneficio, el de sus parientes, sus empresas y sociedades comerciales de las que son parte.

Idéntico proceder se ha constatado en la cadena de corrupción instalada entre los grandes empresarios y sus vínculos con el poder político, que ha hecho noticia por el destape del “caso Hermosilla”, cuyas múltiples aristas arriesgan contagiar a todos los poderes del estado, ratificando el repudio transversal y la evidente indignación de chilenos y chilenas, fundamentando la progresiva desconfianza en las instituciones y al distanciamiento de la sociedad civil de las instancias de poder, fortaleciendo la cultura de los reclamos individuales, anárquicos y desorganizados, que eluden la participación social y el fortalecimiento de las organizaciones territoriales, desconociendo los beneficios y virtudes de la construcción colectiva.

Próximos a renovar autoridades regionales y municipales, cuya campaña electoral ya se despliega en la región, se hace pertinente una invitación para que la comunidad se informe, converse, discuta y se organice, mejorando el alerta y la vigilancia sobre todo tipo de autoridades, exigiendo la debida transparencia en la gestión de los recursos públicos, fortaleciendo los mecanismos de fiscalización y el debido respeto a la ley, invitando a participar en las elecciones de octubre, apoyando a las y los candidatos que den garantía de responsabilidad, transparencia y probidad.