Opinión

[OPINIÓN] "Una nueva oportunidad de generar cambios" Por Paz Garcés, directora de Investigación y Políticas Públicas Fundación Colunga

El Heraldo Austral

Este 25 de noviembre se conmemora un nuevo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fecha que, en este contexto de la pandemia cobra vital importancia, ya que las condiciones de vida de las mujeres se han visto desmejoradas y la violencia en sus múltiples dimensiones ha crecido, según ha dado cuenta ONU Mujeres y diversas organizaciones tanto nacionales como internacionales.

Es por esto que nos parece importante, en medio de la coyuntura que está viviendo el país, hacer un alto y ver cómo podemos potenciar que las niñas y adolescentes de hoy no crezcan viviendo las vulneraciones que han tenido que enfrentar sus madres, sus abuelas y/o sus cuidadoras. Que sean ellas quienes rompan ese círculo de violencia que, lamentablemente, es aún más brutal si se vive en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Al mirar la violencia de manera integral es fundamental considerar, al menos, tres dimensiones: física, psicológica y sexual, aunque sabemos que existen otras formas simbólicas que resultan igualmente preocupantes. Sin ir más lejos ONU Mujeres, al tratar de dar un marco a esto, define  violencia contra la mujer como: “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Según el estudio Nacer y Crecer en Pobreza y Vulnerabilidad en Chile realizado por la Alianza para la Erradicación de la Pobreza -conformada por el Centro Iberoamericano de los Derechos del Niño (CIDENI), las fundaciones Colunga y Hogar de Cristo, el Núcleo Milenio para el Estudio del Curso de Vida y la Vulnerabilidad (MLIV) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)-, se requieren políticas públicas con perspectiva de género y considerando la interseccionalidad que afecta a las niñas y adolescentes, pero también a sus madres y/o cuidadoras para poder dar soluciones que no solo sean efectivas, sino pertinentes a su realidad.

La investigación hace hincapié en la baja participación de las mujeres en el mercado laboral, debido a las tareas de cuidado, lo que “repercute en las posibilidades de generar mayores ingresos y jubilación”. Es más, las mujeres, sobre todo aquellas que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, no solo tienen problemas en el acceso sino que también en la calidad de los empleos a los que pueden optar.

Siguiendo esta línea es importante considerar que la mayoría de estos hogares son monoparentales, con una jefa de hogar mujer, por lo que las crisis sociales,  económicas y además sanitarias, como las que enfrenta el país, impactan mayormente en ellas y aumentan la desigualdad que ya vivían. Es por esto que es fundamental que, por ejemplo, a la hora de diseñar políticas públicas en materias de trabajo, vivienda, salud y educación se considere la realidad de los hogares en Chile.

Si hacemos foco en las niñas y adolescentes la situación es aún más preocupante, ya que ellas experimentan lo que el estudio denomina como “una acumulación de desventajas estructurales” -interseccionalidad al ser menores de edad, mujeres y vivir en situación de pobreza y vulnerabilidad-, lo que limita su desarrollo y calidad de vida futura, puesto que a diferencia de lo que pasa con sus pares masculinos ellas tienden a “heredar” las labores de cuidado y otras responsabilidades dentro del hogar y a que son más vulnerables de sufrir violencia física y sexual lo que las margina de poder optar a un futuro mejor.

Es por esto que el estudio propone la creación de un piso de protección social que, entre otras, cuente con un  enfoque de género y esté en el marco de un sistema de garantías para la protección integral de los derechos de la niñez y de las adolescencia, con un diseño, implementación y evaluación diferenciado para la creación de las políticas públicas. Acabar con la violencia estructural que viven niñas, adolescentes y mujeres es algo que debe movilizar a la ciudadanía en su conjunto y que debe ser prioridad para el Estado.

Si no avanzamos en esa línea, si no disminuimos la brecha, si no arreglamos un sistema que reproduce la desigualdad y las prácticas de exclusión, seguiremos socavando las posibilidades de desarrollo y  participación plena en la vida de las niñas, adolescentes y mujeres en general, pero sobre todo de aquellas que por nacer en situación de pobreza y vulnerabilidad se ven aún más perjudicadas.

Paz Garcés

Directora de Investigación y Políticas Públicas

Fundación Colunga