El video de dos niños portando cuchillos para defender el puesto de su madre en el comercio ambulante, pone en evidencia nuevamente la crisis en la niñez que se ha agravado por la precariedad acentuada tras la pandemia.

A pesar de que la Convención sobre los Derechos de la Niñez (UNICEF) y la nueva Ley 21.430 Sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia especifican que NNA son sujetos de derecho, aún no podemos avanzar en asegurar entornos que les entreguen las bases de una calidad de vida que merecen por derecho. 

Esto no debe sorprendernos, pues tal como muestra un estudio de UNICEF, en nuestro país un 47% de los padres o madres consideran al menos una práctica violenta como método efectivo de educación. Además, muestra que el 61,5% de las y los cuidadores encuestados que consideran efectivas las prácticas violentas en la crianza, recibieron castigos durante su infancia.

En educación la situación no mejora, la Superintendencia de Educación muestra que las denuncias por maltrato físico y psicológico aumentaron en un 60% en 2022 respecto de 2019.

Debemos tomar los datos para incursionar en varias reflexiones. Se han ejecutado múltiples reformas a favor de la niñez. Se están discutiendo planes remediales en el ámbito de la educación, sí, pero necesitamos ahondar en temas igual de urgentes: violencia, salud mental, segregación urbana y la inducción a la delincuencia requieren de soluciones públicas que impidan que las consecuencias se propaguen de forma permanente en sus vidas. Si no somos como sociedad capaces de desplegar un conjunto de medidas de urgencia contra la violencia y la vulneración bien articuladas, adecuadamente financiadas y que sean prioridad para todos los agentes públicos y privados, esta crisis que los datos muestran se convertirá en elemento permanente de nuestro paisaje. 

Arturo Celedón, Director Fundación Colunga