• 29 de Marzo

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La portada en El Heraldo Austral del sábado pasado da cuenta de la toma de un terreno privado. Esta toma la protagoniza el director del colegio Puerto Varas, uno de los más caros de la comuna.

Quien se toma el terreno privado, que tiene un camino privado, presume tener suficientes motivos para imponer su voluntad. Dice que puede pagar todo lo que sea necesario para mitigar el impacto, incluso, puede comprar el lugar. Dice que sólo se lo toma un poco, a ratos, y por mientras, con sentido de conciencia y para evitar una emergencia mayor. Por su parte, los vecinos de la recién pavimentada calle San Martín, una de las más antiguas de la comuna, deben acatar la disposición y aguantar parte del flujo vehicular, a las horas que determine el director del colegio.

La toma del camino afecta el derecho de la propiedad privada. Importa una solución en base al perjuicio ajeno y vulnera de manera flagrante la normativa vigente. El compromiso público de hacerse cargo de los daños no otorga derecho para realizar este impacto. Las conversaciones previas entre los privados tampoco conceden autorización a intervenir ante la ausencia de un acuerdo. Para peor, negociar con el privado sobre hechos consumados frustra el entendimiento y es una ofensa a la confianza del proceso.

Si se valida la forma de actuar del director del colegio, qué sigue: El colegio Puerto Varas mandará pavimentar el tramo, un lomo de toro, señalética, construir veredas con ciclovía, paraderos, todo, en un terreno que es privado. Total, el que paga necesita, por tanto, impone, y siempre con las mejores intenciones. Esa lógica asume un clientelismo como el de quien se siente dueño de todo, o en su defecto, todo lo puede comprar. Sus razones son más pesadas que la ley, por tanto, impone su criterio en la fe de que no se equivoca en su discernimiento que encandila conciencia social. Esto último importa especial relevancia, toda vez que sus actos son representativos de una comunidad educativa. ¿Tomarse un terreno privado es una conducta que representa a la comunidad del colegio?

Aplicando el mismo criterio, la comuna de Puerto Varas bien podría, al menos los fines de semana, en un horario acordado y dejando todo limpio, disponer libremente de la cancha de fútbol del colegio, el gimnasio, el laboratorio, los comedores, y así, solucionar transitoriamente las graves urgencias de la segregación social y sus efectos, problema que se acentúa justamente cuando el lugar donde estudian los niños se decide también según el sueldo que gana la mamá y el papá. ¿Es este el camino para enfrentar los problemas de conectividad? ¿Tomarse los caminos? ¿Imponer los caminos?  

La ingenua idea de hacer creer que se debe delegar la solución vial del significativo crecimiento de la comuna y de los colegios privados, tanto en la cantidad como en el permanente aumento de sus infraestructuras, a la voluntad o simpatía de los propietarios de los terrenos aledaños, es una presión injusta, que provoca una falsa construcción de héroes y villanos, caricatura nociva que agrega un injusto castigo social.  

El Estado tiene la facultad de expropiar terrenos para solucionar los serios problemas de conectividad generados, entre diversos factores, por la proliferación de parcelas sin mitigación y la fragmentación de los antiguos campos que le dan identidad a la comuna. Junto con eso, las autoridades también pueden y deben optimizar la fluidez y seguridad de los cruces, como el de Línea Nueva con la Entrada Norte, o el de Arturo Prat con Del Salvador, antes de que se muera alguien. Pero, el adormilamiento se delata vulgarmente en hechos tan recientes como que un privado se toma el terreno de otro, de manera pública, y no pasa nada.

La medida del colegio, tanto en su forma como en su cautela, en su moral y en su anhelo transitorio, es un atropello. Por muy conveniente, necesaria y financiada que sea la determinación de usurpación territorial transitoria, sigue siendo un atropello. Es la imposición de la voluntad de un privado en el terreno de otro privado. Siempre hay buenas explicaciones para hacer lo que no corresponde. Entre más grave la falta, mejores las razones. Una cuestión de vida o muerte, si es necesario. La decisión unilateral del director del colegio, en cuanto es el representante de una comunidad educativa, debería provocar al menos un debate en base a los valores formativos del colegio, para en conciencia y en acción, ponerse en el lugar del otro. A nadie le gustaría que se tomen a la fuerza su terreno.

Por: Pablo Hübner