Para muchos, el principal desafío que deben enfrentar hoy los sistemas educativos es el desarrollo de escuelas inclusivas que logren dar respuesta a la diversidad de sus estudiantes. Bajo un principio de equidad se busca garantizar una educación de calidad de la cual se beneficien todos y todas sin exclusión. Eso supone garantizar que en el aula se produzcan interacciones pedagógicas capaces de gatillar aprendizajes que permitan democratizar el acceso a la cultura, desarrollar al máximo las potencialidades de cada sujeto y participar de manera activa en la vida ciudadana (UNESCO). Dicho motivo se vuelve aún más urgente y necesario, en sistemas educativos como el de nuestro país, en el que las desigualdades y la segregación educativa son una realidad que a pesar de las innumerables denuncias y rechazo que causa, parece ser aún muy difícil de abordar y transformar.

Hace un año aproximadamente, se anunciaba el deseo del actual gobierno de cambiar la forma de postular a los colegios, volviendo a reponer la calificación como un elemento seleccionador, dando el valor de la calificación como el “mérito” que tiene el alumno o alumna hacerlo más “elegible” para el colegio que desee, es decir, los que sean mejor calificados tendrían más posibilidades de ingresar a la institución educacional que fuera de su preferencia. Me hace mucho ruido el querer presentar esto como un acto “JUSTO”, señalando que la ADMISIÓN sería justa, queriendo actuar de forma camuflada reinventando las definiciones de las palabras.

La inclusión no puede admitir un criterio de selección, bajo ninguna perspectiva pueden haber elementos de exclusión y cuando se  usa este argumento, se recurre a la palabra “mérito”, dando a entender que el alumno con buenas calificaciones tiene mayor mérito y debe premiarse y no castigarse, pero realmente, porque bajo esos criterios no se está incorporando otros factores que influyen en la educación además del éxito académico, cuantificable por un sistema de calificación tradicional, excluyendo factores de suma importancia en el proceso educativo como son todos los externos a un aula.

Que en estos tiempos estemos discutiendo este tipo de estrategias en educación pública, marca un tremendo retroceso en materias de inclusión, lo que no aporta en avanzar hacia una sociedad sana y respetuosa de la diversidad.

Me llama profundamente la atención que se correlacionen consecuencias nocivas y de por vida ante una potencial decisión de no regresar a las aulas, si bien, económicamente podría ser contraproducente; en ámbitos académicos -- sin mirar tan atrás -- el año en que el SIMCE mostró mejores resultados, fue en 2015, cuando la educación chilena tuvo el paréntesis más grande de los últimos tiempos. No me parece pertinente justificar con el criterio de un potencial riesgo de rendimiento académico, la intención de adelantar el retorno a clases como se vio hace algunas semanas, con medidas que afectan directamente a todo el alumnado y con mayor fuerza a NEE o en situación de discapacidad.

Respecto de lo anterior, resulta primordial conocer que nuestro país suscribió en 2008 la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad, instrumento que consagra el derecho a una educación inclusiva, sería bastante oportuno identificar qué tanto hemos progresado en este aspecto.

Políticas implementadas como la Ley de Inclusión, la ley 20.422 de los Derechos de las Personas con discapacidad, la 20.609 antidiscriminación, más conocida como Ley Zamudio y la publicación del Decreto N°83 que aprueba orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con NEE de educación parvularia y básica como los PIE (programa de integración escolar) que también son segregatorios, refuerzan la necesidad de reflexionar en torno a estos temas.

La escuela no podrá cambiar “su ideología” si detrás de la intención de propiciar escuelas inclusivas, se encuentran con que en la realidad el mensaje de las políticas públicas sigue siendo el mismo: “el problema se diagnostica en el niño y él lo porta”. Sin embargo, no podemos olvidar la enorme complejidad que está detrás de las aspiraciones por una escuela inclusiva.

Por todo lo anterior, resulta fundamental el debate donde se analicen las consecuencias de estas políticas sobre el bienestar y el derecho a una educación que impulse y potencie las capacidades de todas y todos los niños, niñas y jóvenes, sin anteponerles limitantes. Reformar la praxis pedagógica e institucional implica romper con una lógica escolar añejada y concebida desde y para un aula homogénea y nos llama a explorar las maneras en que podamos reconocer la diversidad como un valor educativo y social.

Loreto Kemp
Evópoli