Explicar el presente político de Colombia a partir de lo que es la coyuntura económica y sanitaria es una reducción que banaliza la compleja situación sociopolítica en la que ha estado inserta el Estado cafetero desde 1949.
En función de ello, he de señalar que no se puede simplificar la explicación del “Estallido Social” colombiano a partir de considerarlo una lógica oposición ciudadana al proyecto de reforma tributaria que presentó Iván Duque, la que bajo la denominación Ley de Solidaridad Sostenible buscó ampliar la base de recaudación tributaria a través de algunas medidas que afectan en forma directa a la clase media y a los pobres.
Así entonces, desconocer el efecto que ha tenido el inconcluso Proceso de Paz, así como los problemas de corrupción electoral que se han evidenciado en los últimos años, limita un análisis que merece hacerse a profundidad.
En ese sentido, y atendiendo al carácter descriptivo de este artículo, he de señalar que los factores que sustentaron las movilizaciones del 2019 se mantienen vigentes hoy, agregándose algunos argumentos, tales como la ausencia de una oposición fuerte y unida que condicione las acciones del gobierno; la instalación de una corrupción que está institucionalizada; la justificada desconfianza hacia los resultados electorales y sus órganos de control; los efectos políticos derivados de la desaparición de las FARC; la violencia y problemas de seguridad cuya responsabilidad recae en agentes del Estado; las acciones y efectos del narcotráfico y la captura de territorios que condicionan la soberanía estatal; el desprecio material y persecución hacia los pueblos indígenas; y, sobre todo, el reposicionamiento del Uribismo como fuerza política representativa del poder.
Todos ellos son factores que deben conjugarse con el actual pesimismo cívico que existe en torno a lo que ha sido la gestión gubernamental respecto a la pandemia y al proceso de vacunación, así como en lo que respecta al aumento del desempleo, y la masiva molestia ciudadana que despertó la reforma tributaria.
De este modo, asumir que el retiro del proyecto de reforma tributaria era la solución al problema en Colombia no sólo evidencia una peligrosa falta de visión, sino que también dificulta ofrecer verdaderas alternativas a lo que ha de ser un necesario y urgente proceso de pacificación social.
Pedro Díaz Polanco
Director de la Escuela de Administración Pública
Universidad Austral de Chile
