El proceso de auditoría a la administración del alcalde es una deuda pendiente. Ha sido anunciado en más de una oportunidad. Los resultados aún no existen. Una auditoría que no termina no cumple su propósito. La auditoría debe entregar información, no generar más incertidumbre. La incertidumbre tiene un costo para la comunidad. La comunidad tiene derecho a saber cómo se administran sus recursos. También le corresponde que los compromisos se cumplan, tanto en sus objetivos como en sus plazos. La ironía es que el proceso de auditoría al municipio terminó siendo auditado por el propio municipio.

¿Cómo se explica que la administración municipal de Ramón Bahamonde fuera auditada en cosa de meses y que, en el caso de la administración de Tomás Gárate, la auditoría tarde más de cinco años?

Larga es la historia de los intentos por auditar al actual gobierno municipal. Iniciativas del anterior concejo municipal fueron desechadas por argumentos sobre otros procesos, que iban a colaborar a entregar información. No se publicó mucho con respecto a esos procesos. Tampoco se vio mayor exigencia por parte de los concejales por los resultados. Luego, durante el actual concejo municipal se aprobó un completo proceso de auditoría. Se celebró el acuerdo con transversal conformidad. Los resultados ya se deberían haber entregado, pero eso no pasó.

El municipio no está conforme con la entrega de informes previos por parte de la empresa a cargo, acusando debilidades severas de forma. Se ha planteado una seria insuficiencia. Desde el municipio se señala que lo recibido no corresponde a lo esperado. Por lo pronto el municipio ha realizado observaciones que espera se subsanen para aceptar la entrega definitiva. Los pagos del servicio están condicionados. Los canales de comunicación del municipio, las redes sociales, no informan sobre estos problemas. Eso sólo se ve en el concejo municipal. El atraso y los problemas del proceso son de evidente interés para los vecinos. Cada peso que se invierte con fondos públicos es de interés de los vecinos. Del mismo modo, es relevante que se cumpla con lo comprometido, porque así se sostiene la certeza de la democracia, más allá de los discursos de campaña.

No se trata de adelantar conclusiones. Precisamente para eso existe una auditoría que debería dar cuenta del millón de dólares aproximado del caso HidroSym, los guardias de seguridad para salud que en realidad no eran guardias y se pagaron como guardias, el trabajo de la asociación de municipios de la cuenca, sus costos y precario funcionamiento, el uso de fondos para diversos eventos, situación advertida como compleja por la Contraloría, el pago de significativos sueldos a cambio de boleta de honorario de ex funcionarios de confianza, por nombrar algunos casos que merecen ser aclarados para el mejor interés de los representados y sus fondos.

En distintos concejos municipales se ha argumentado la dificultad de aprobar proyectos, como modificaciones presupuestarias, sin contar antes con los resultados de la auditoría. Es atendible el requerimiento, pero no puede ser que cada tema dependa del accidentado proceso de auditoría. Cada asunto debe ser evaluado en su mérito, incluso sin los resultados de la auditoría. Cada concejal debería estar fiscalizando los temas de manera permanente, en cumplimiento de su rol. Eso no exime la necesidad de la auditoría. Pero tampoco permite descansar en ella. Dejar pendientes por otros pendientes es un empate en que nadie gana. Una forma de redundar que no presume de mucha conveniencia. Esto, reconociendo la verdad incómoda: Si los concejales de la administración anterior hubieran tenido la capacidad de defender la necesidad de una auditoría de manera más consistente, se habría aprobado. No lograron convencer a las mayorías necesarias. Y para los concejales que en su momento lo rechazaron, argumentando una serie de otros procesos de control sobre los que nunca quedaron claros los resultados, debería haber cuando menos una cuota de necesidad de ofrecer una explicación.

En cualquier caso, la transparencia es mucho más que un proceso de auditoría. El actual gobierno municipal ha logrado acentuar la transparencia con la transmisión pública de las sesiones de comisión, los indicadores del programa Lago sin Huella, que más allá de sus interrupciones y deficiencias, es un elemento que contribuye y que se debería ampliar a otras zonas de la comuna y la cuenca, así como también aporta la reciente publicación de una plataforma de datos sobre Puerto Varas. Pero, ni una de estas acciones explica el hecho de que para auditar la administración de Ramón Bahamonde tardan meses, para auditar la administración de Tomás Gárate tardan años. ¿Por qué pasó esto?

No haber sido capaces de ofrecer una completa auditoría cuando se debió haber hecho, al menos una por cada gobierno municipal, es un problema para los vecinos. No se cumple lo comprometido. Se invierte en un proceso que parece no dar resultados concretos y se condicionan las votaciones en el concejo que necesitan resolución. La confianza requiere lo básico: si se dice que se hará algo y no se hace, por el motivo que sea, al menos corresponde comunicar abiertamente la situación. Celebrar los triunfos y callar los fracasos no es una forma de transparencia, sino más bien es otra forma de perder. El anuncio debe sonar tan claro como el proceso, sobre todo cuando hay problemas. Ahora todo indica que se necesitará una auditoría al proceso de auditoría. Mientras, el municipio es quien audita a la empresa externa contratada para auditar al municipio.