Se cierra la segunda década del siglo XXI, que puso de manifiesto un incremento significativo de demandas por mejores condiciones sociales. Cómo no recordar las movilizaciones estudiantiles del 2011 y la necesidad de mayor transparencia y fórmulas más efectivas para reparar los daños y desequilibrios de los derechos sociales y culturales en Chile. Década que se cierra con el estallido social y se abre, a la siguiente, con un inédito proceso constituyente.

En esta década, se revaloró el proceso de democratización y participación y el papel de los gobiernos institucionales se vio tensionado. Las personas, convertidas en números, público o consumidores, fueron volviendo a su estado de conciencia ciudadana, expresando su parecer sobre el devenir del país. 

Sin duda que fue una década compleja para las instituciones que no aquilataron los cambios que se estaban generando, muchas de ellas coaptadas por intereses individuales o corporativos. Muy pocas de ellas leyeron adecuadamente la realidad y las “enfermedades” que el país incubaba y de las cuales ya habían manifestado muchos síntomas. Así, el mundo institucional pasó estos últimos 10 años sin tener una visión, estrategias, objetivos ni prioridades claras.

La vida económica se convirtió en un aspecto central del debate social. Todas las decisiones de la vida republicana pasaban por la perspectiva económica, situación que se mantiene hasta ahora cuando se requieren nuevos paradigmas para dar respuesta a las demandas sociales.

Así, la dignidad, la igualdad y la democracia pasaron por análisis económicos y cuotas de poder, abriendo la puerta a respuestas cada vez hasta extremas que reflejan fundamentalismos y nacionalismos exacerbados. Responsabilizando por el éxito y el fracaso de esta década a ciudadanos que fueron invisibilizados y sometidos a las presiones de un modelo de consumo que prometía el camino a la felicidad.

Por otro lado, en el ámbito del desarrollo cultural, artístico y patrimonial, uno de los desafíos constitucionales de la nueva década será profundizar en este aspecto, donde la actual constitución declara: “Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación. Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.”

Porque en esta nueva etapa tendremos que apostar por procesos más reflexivos, donde se analice de manera más profunda nuestro desarrollo cultural y político. Esto nos llevará, quizás, a elegir el camino más largo, prefiriendo lo complejo a lo simple, lo lento a lo rápido, en pos de una sociedad más inclusiva y justa para todas y todos.

 José Albuccó, académico Universidad Católica Silva Henríquez