Volver a reponer la velocidad máxima en 60 km/h en zonas urbanas como lo proponen algunos parlamentarios, podría constituirse en un grave retroceso en la estrategia por mejorar los índices en seguridad vial del país. 

A lo largo de los años se han desarrollado cruzadas que finalmente han resultado en Leyes, tales como la reducción de velocidad en zona urbana, Ley Emilia, Ley de Convivencia de Modos, entre otros. Sin embargo, las cifras no reflejan el esfuerzo realizado. Sin ir más lejos, en el año 2022 se empinan por sobre los 86 mil siniestros viales, mientras que los fallecidos fueron 1.745 personas, la cifra más alta de los últimos 14 años. Esto a pesar de los importantes esfuerzos realizados en prevención y capacitación. En el mundo laboral el panorama tampoco es muy alentador: el 72% de los accidentes con resultado de muerte en contextos laborales, corresponden a accidentes de tránsito. 

La hace poco publicada Ley CATI (Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones) llega justamente a reforzar la vigilancia a los límites de velocidad, y se espera que, a través de cámaras fiscalizadoras de última tecnología, se genere la sensación de control que los conductores necesitan para cumplir con la normativa vigente y respetar al límite máximo, tanto en zona urbana como rural.

Si bien 10 km/h suenan poco, lo cierto es que sí hacen la diferencia a la hora de salvar vidas. Estudios internacionales demuestran que el aumento de 1 km/h en la velocidad promedio de una vía, aumenta en 5% las lesiones y en 7% la posibilidad de que el siniestro tenga consecuencias fatales. Además, la velocidad incide exponencialmente en factores de riesgo como lo son la severidad del accidente, los tiempos de reacción y la percepción o juicio de la distancia, ya sea para un peatón, ciclista o conductor de un vehículo motorizado.

La seguridad vial siempre debe ir de la mano con políticas públicas claras, contundentes y sostenibles, ya que esa es la única manera de salvar vidas.