¿Quién sostiene a las fundaciones pequeñas?
Por Florencia Pérez, directora ejecutiva de Fundación Brotario
En los últimos años, el Estado endureció los controles sobre las fundaciones. Exigir rigor en el uso de recursos públicos es razonable y responsable, pero vale la pena mirar qué efectos ha tenido. La tercera Encuesta a Directores y Directoras Ejecutivas de Fundaciones y Corporaciones, presentada el 27 de octubre por el Centro UC de Políticas Públicas y Sociedad en Acción, da una posible respuesta. Muestra el costo de un sistema que pide cuentas a diario y paga tarde con topes muy bajos en el financiamiento para el equipo administrativo que, por lo general, es quien rinde.
De las organizaciones con convenios públicos, el 57% recibió recursos fuera de los plazos comprometidos. El 62% tiene rendiciones sin respuesta en el tiempo estipulado, y el 42% espera más de siete meses para que se las revisen. Más de la mitad no puede incluir gastos financieros en sus contratos con el Estado. Mientras tanto, el 38% de las fundaciones podría funcionar menos de tres meses si dejara de recibir aportes, y el 65% son micro o pequeñas.
En la práctica, financiamos con convenios anuales trabajos que necesitan años para mostrar resultados. Un programa de reinserción, de educación o de cuidado de personas mayores rara vez cambia algo en doce meses. Pero así se diseñan los fondos, así se rinden y así se renuevan, cuando se renuevan. La mitad de las organizaciones declara problemas para mantener a sus equipos por estos ciclos, y con cada profesional que se va se pierde lo aprendido.
La buena noticia es que el sector no se ha retirado. Solo el 12% está considerando dejar de colaborar con el Estado, y el 62% cree que la demanda por los servicios de las fundaciones seguirá siendo relevante. Las propias organizaciones identifican qué deben mejorar, con la evaluación de impacto y la transparencia a la cabeza. Hay disposición de las dos partes, y pocas veces se ve un escenario tan propicio para reformar.
Lo que falta es la voluntad para ordenar las reglas. Convenios plurianuales para programas que lo requieran. Pagos dentro de plazo. Revisiones de rendiciones con fechas que el propio Estado cumpla. Y una ley de donaciones única, que reemplace las más de veinte normas dispersas que hoy, según el 57% de las organizaciones, dificultan recibir aportes.
Control y confianza pueden convivir. El desafío del mundo público y privado es demostrar que exigir rigor a las fundaciones también implica darles las condiciones para hacer bien su trabajo que, al final, es trabajo para todo el país.
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