En el informe final del Consejo de Participación Ciudadana, entregado en el mes de enero de 2017, se señala como diagnóstico de situación actual de las organizaciones comunitarias, las siguientes:
“- Malas prácticas como el clientelismo, el asistencialismo y la instrumentalización política de los dirigentes y sus organizaciones.
– Malas prácticas entre dirigentes como la falta de democracia interna en sus organizaciones, el uso de la organización para fines propios, la falta de rotación de dirigentes, y la ausencia de control social en su labor.
– Apatía y desinterés por organizarse o participar en la solución de temas de interés común. Las personas no tienen incentivos para organizarse y participar pues prefieren resolver individual y directamente sus problemas
– Dificultad de los dirigentes para hacerse escuchar y transmitir las propuestas y demandas de la comunidad a sus autoridades. Los espacios son ocasionales y solo cuando a la autoridad le interesa un determinado tema.
– Falta de formación y capacitación de los dirigentes y sus organizaciones, para representar de manera más autónoma y fundamentada a sus intereses y, ser más efectivos en la incidencia.”
También indica dicho informe que, los desafíos para las políticas públicas son al menos dos. En primer lugar profundizar la construcción de vínculos y solidaridades vecinales a mayor escala y más diversos. En segundo lugar, promover, a partir de los vínculos vecinales construidos, la acción colectiva, fortaleciendo la capacidad para construir diagnósticos y planes de acción movilizadores, gestionar recursos cada vez más diversos y aprovechar las oportunidades políticas.
El sector de las organizaciones de la sociedad civil chilena desde hace un par de décadas, ha estado tras la búsqueda del establecimiento de un fondo que permitiera y asegurara, bajo ciertas condiciones de suficiencia y equidad, el desarrollo institucional de ese sector, y que les permitiera contar con un presupuesto propio que sea dirigido y asignado mediante una gestión participativa por las propias organizaciones.
Esto debido a la gran cantidad de fondos existentes, generalmente dirigidos a iniciativas de corto plazo, cuya ejecución se trataba de programas estatales predefinidos dirigidos a sólo unas pocas organizaciones. A veces, se podía considerar una simple tercerización de servicios estatales, pero que lamentablemente estaba marcada por bajos aportes y por la virtual restricción (en algunos casos anulación) del potencial participativo, innovador, de autogestión y formulación autónoma de las mismas organizaciones. Esta modalidad de financiamiento, generalizada en el trato de la administración pública hacia las organizaciones, las obligó a perder sus especializaciones y a tener que rebuscar nuevas estrategias de sobrevivencia para poder conseguir recursos de más de una fuente o fondo.
Con la intención de superar estos problemas, la Ley 20.500 creó el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, que establece recursos asignados por la ley de presupuesto y con dos niveles de consejos (nacional y regionales) que definen criterios y objetivos para la asignación de los recursos. Dichos consejos son en parte elegidos por las propias organizaciones de la sociedad civil. Pero, a pesar de la existencia de la ley, el fondo no ha funcionado como se esperaba, ya que sigue manteniendo el rasgo de ser concursable, es cortoplacista y es muy rígido en cuanto a sus objetivos. Además de no velar por satisfacer las necesidades institucionales de las organizaciones que, en general son frágiles desde un punto de vista financiero. Este fondo es menor a varios fondos existentes y tiene tal cantidad de requisitos y formalidades de rendiciones de cuentas, que acaban tensionando a las organizaciones de la sociedad civil.
Lamentablemente la Ley 20.500 -desde su publicación hasta la fecha- no contempla una glosa presupuestaria que financie los mecanismos que la normativa establece como obligación a los órganos de administración del Estado, para realizar una gestión pública participativa, en consecuencia no realiza un relevante aporte a la participación ciudadana y/o a la inclusión de la ciudadanía en el bien común.
El informe del Consejo de Participación Ciudadana, finalmente concluyó: “El Consejo recomienda que el gobierno prepare y presente antes del término de su mandato las reformas legales necesarias que den cuenta de las propuestas elaboradas por este Consejo.”
Dada la importancia de las organizaciones de la sociedad civil, tras lo recientemente indicado, es lamentable que este gobierno, faltando 5 meses para que concluya su período, aún no ha presentado las reformas propuestas por el Consejo de Participación Ciudadana. Reitero: ¡ES LAMENTABLE!
Andrea Rosmanich
Abogada
Candidata a Diputada, Distrito 25
